A finales del 2015 iniciamos una investigación que nos brindara evidencia desde lo económico, político, social, cultural, en salud y nutrición, que nos permitiera promover una estrategia orientada a proponer la creación del impuesto al consumo de bebidas azucaradas, en el marco de la reforma tributaria anunciada por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Desde la perspectiva de salud y nutrición, analizamos los datos de morbimortalidad en salud relacionados con el desarrollo de obesidad y Enfermedades No Transmisibles (ENT), apelando a la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) realizada en 2005 y 2010, entre otros datos oficiales.

En materia económica realizamos una proyección económica que arrojó un incremento de aproximadamente 20% sobre el precio final al consumidor, para que tuviera un impacto real en la disminución del consumo presente al momento.

Se formuló una encuesta nacional que nos permitió entre otros elementos, encontrar aceptación en el público frente al impuesto, así como la opinión favorable a que, de obtenerse, tales recursos fueran destinados a la alimentación infantil y garantía de acceso al agua potable en las escuelas públicas.

Realizada la investigación, formulamos estrategias de incidencia, comunicación, educación y movilización social.

Desde lo comunicativo diseñamos una campaña informativa denominada “Tómala en Serio”, apoyados en un video ya probado en otros países para educar informando el daño causado por las bebidas endulzadas. Caracol TV y RCN TV se negaron a transmitir el anuncio de salud pública por que la industria de bebidas es uno de sus principales anunciantes. Pasamos entonces el anuncio en otros canales nacionales e internacionales y vallas en las principales ciudades del país. Por denuncia del entonces abogado de Postobón (quien a la vez es un Ex-Superintendente de Industria y Comercio) ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), esta entidad abrió un proceso contra Educar Consumidores por publicidad engañosa. La SIC, sin haber notificado su actuación procesal contra Educar y por ende sin habernos dado la posibilidad de ejercer nuestro derecho de defensa, ordenó cesar la difusión del anuncio y censuró a Educar Consumidores, pues nos prohibió publicar cualquier información que se relacionara con el consumo de bebidas azucaradas, sin antes haber sometido a su revisión la información que quisiéramos publicar en cualquier medio de comunicación o red social. Allí apelamos al litigio estratégico, a través de una acción de tutela que fue negada en primera y segunda instancia, pero cuando esta llegó a revisión de la Corte Constitucional, fue acumulada con otra tutela que había sido presentada en defensa de los derechos de los consumidores, contra la SIC, por varias organizaciones como Dejusticia, Agrosolidaria, la Red Nacional de Agricultura Familiar, entre otras, y en la revisión de ambas tutelas, la Corte Constitucional decidió a nuestro favor, ordenándole a la SIC levantar de inmediato la censura en contra de Educar, aclarándole que la censura previa está prohibida en la Constitución Política de 1991 y resaltando que las y los consumidores tenemos derecho a acceder a información clara y veraz, como la que proporcionaba Educar a través de la campaña que la SIC censuró, máxime cuando esa información se relaciona directamente con el derecho a la salud de la población. Ante la injustificada censura de nuestra campaña informativa, hemos solicitado a través de un proceso judicial una indemnización que tiene como pretensión principal, que la SIC transmita a su cargo el anuncio de bien público, por los mismos medios de comunicación en los que Educar Consumidores había pautado, y por el tiempo en que fue censurada la campaña.

La campaña “Tómala en serio” también contó con el apoyo de un grupo de jóvenes que divulgó piezas comunicativas sobre el daño de las bebidas endulzadas a la salud.

Temprano en el 2016 promovimos la creación de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), que incluye a más de 30 organizaciones nacionales y locales que trabajan en procesos de alimentación saludable, desde la semilla hasta el plato, en movilización social difundiendo y armonizando los temas de sus trabajos con la salud alimentaria (custodios de semillas, agricultura familiar campesina, agrosolidaria, productoras campesinas, indígenas, de organizaciones afro, transformadores de alimentos artesanales, mujeres y comunidades en recuperación y mejoramiento  de platos tradicionales, mercados campesinos, etc.). La ASA apoyó de manera fehaciente difundiendo por todo el país entre sus organizaciones y aliados, los impactos dañinos del consumo de azúcares añadidos, así como la importancia del impuesto al consumo de estos.

Nuestra estrategia pasó por la incidencia política en la Federación de Departamentos donde obtuvimos entrada a 8 territorios del país, realizando con el apoyo de las gobernaciones, diversos talleres de sensibilización a más de mil funcionarios públicos y comunidades. Nos reunimos en diversas oportunidades con los Ministerios de Hacienda y Salud, contando en todo momento con el respaldo de Minsalud. Desde el 2016 empezamos a tener una presencia permanente, diaria en el Congreso de la República, inicialmente para impulsar el proyecto de impuesto llegando a la totalidad de parlamentarios y logrado obtener el respaldo de más de 40 congresistas a favor, el impuesto no pasó por la presión de la industria, y la negociación que realizara el entonces Ministro de Hacienda, a contravía del MinSalud, que a cambio de que le aprobaran el IVA del 19%. Parafraseando al entonces Ministro de Salud, el Dr. Alejandro Gaviria,  jamás en la historia parlamentaria del país se vio tal presencia de lobistas presionando contra la salud pública, había 106 de ellos, contra 5 personas del equipo de Educar Consumidores, incidiendo a favor.

Llama la atención que entidades estatales ajenas al tema de salud, como la SIC y el Congreso de la República no les bastara o parecieran válidos los documentos de MinSalud (Papeles en salud #5), los de OPS/OMS, o la más contundente evidencia científica para mostrar la nocividad de las bebidas azucaradas en el caso de la SIC o para aprobar un proyectos de ley para poner un impuestoa a las bebidas endulzadas que ni siquiera tenían IVA. Estos hechos demuestran el peso de la industria a la hora de decidir políticas de salud públicas en el país. Por lo tanto, afirmamos que el tema de impuestos saludables, término que Educar Consumidores posicionó en la agenda pública, es un problema más político que técnico.

Durante el debate de la Reforma, por presión de la industria, varios parlamentarios usaron un truco ilegal para decir que el impuesto había muerto dentro del proyecto, lo cual fue detectado a tiempo por nuestro equipo y denunciado en una publicación en el diario El Espectador, lo que hizo que el artículo debiera ser nuevamente incorporado. Cosas de esta naturaleza pudieron detectarse gracias a la presencia permanente y aprendizajes de la dinámica informal, pero de gran peso que opera en el legislativo.

Iniciamos un proceso de incidencia entre organizaciones y unos pocos gobiernos locales, para que desde las regiones presionaran a sus parlamentarios a favor del impuesto, del que tendríamos aprendizajes nuevos que nos han servido en los años posteriores.

Actividades no contempladas en el proyecto pero que fueron fruto del proceso: Debemos decir que varios Parlamentarios se apersonaron de la iniciativa y se convirtieron en voceros permanentes de la causa (Oscar Ospina, Víctor Correa, Mauricio Salazar), y con ellos desarrollamos otro proyecto de ley (PL. 019 de 2017) que consideraba los otras recomendaciones contenidas en el documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como eran la prohibición de publicidad a menores, el etiquetado frontal de advertencias y la promoción de entornos alimentarios saludables.

Ante la negación de la evidencia sistemática, decidimos hacer un análisis propio de las bebidas endulzadas más consumidas en nuestro país, que nos permitiera con evidencia propia, contraargumentar. No obstante, los cursos políticos no nos permitieron usar esta evidencia hasta el año 2018/2019, de cara a la nueva reforma tributaria, mal llamada Ley de financiamiento.

Colofón: pese a que no ganamos el impuesto en el Congreso, si ganamos entre la opinión pública pues dimos los primeros pasos en Colombia que generaron aceptabilidad y defensa por parte de la población del impuesto saludable a las bebidas endulzadas.

Movilización académica: promovimos acercamiento de profesores de la Universidad Javeriana, La Salle, Los Andes y la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia, quienes, en lo económico, salud y nutrición, respaldaron el proceso en diversos momentos. Se creó una red informal de economistas de gran prestigio nacional, que asumieron vocería puntual y respaldo como fue el caso del Dr. Ricardo Bonilla, ex Secretario de Hacienda del Distrito.

Situación de amenazas: Procedente de fuerzas oscuras como se denomina en nuestro país, el equipo sufrió seguimientos en la oficina, interceptación de nuestras comunicaciones personales, e incluso amenazas de muerte que fueron documentadas por el New York Times y varios medios internacionales en Norteamérica, Europa y la región.

Otro tipo de persecución que sufrimos, pero esta vez de tipo jurídico, vino de manos de RCN TV quien denunció a la directora de Educar Consumidores, Esperanza Cerón, ante la Fiscalía General de la Nación por la supuesta violación a los derechos patrimoniales de autor, toda vez que, en una de las piezas comunicativas para redes sociales, la agencia de diseño que Educar contrató utilizó en un meme la imagen de la telenovela “Azúcar” producida por ese canal en los años 80. Esa denuncia fue presentada en 2016 y aún se encuentra en etapa de indagación. Si bien el proceso penal contra la directora de Educar no ha avanzado, el sólo hecho de tener que enfrentar al sistema penal, que es el más restrictivo y la última ratio ante la cual se debería acudir en un Estado de Derecho en busca de sanción, es una situación amenazante, que a nuestro juicio pretende silenciar a toda costa la campaña informativa que impulsamos en esa época.