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Opinión: “Etiquetado frontal de advertencia e interferencia de la industria de comestibles en Colombia”

Diego Gaitán, profesor de la Universidad de Antioquia y coautor de la investigación, participando en el conversatorio “La industria de comestibles y su influencia en la salud pública”, Bogotá mayo de 2019.
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Rubén Ernesto Orjuela
Nutricionista e investigador
Educar Consumidores

La pandemia ha dejado una estela de muerte y desolación en nuestro país, día a día vemos como las cifras aumentan mientras guardamos la esperanza que las medidas de bioseguridad y las decisiones de nuestros gobernantes nos protejan junto con nuestros seres queridos, mientras llega la añorada vacuna para poner fin a esta pesadilla. El COVID-19 nos ha dejado duras enseñanzas, como que no solo las personas mayores son vulnerables, también los son los que sufren de obesidad, diabetes e hipertensión, sin importar su edad. En consecuencia, cualquier lector desprevenido que lee este artículo, llegará a la conclusión que las medidas preventivas se tienen que enfocar en dicha población para salvarles la vida, pero la realidad es otra.

En Colombia la pandemia de la obesidad y las enfermedades no transmisibles que se relacionan con la alimentación, llegó mucho antes que el COVID-19, llevando a la tumba, en los últimos 5 años, a más de 375.000 colombianos. Es decir, una pandemia más mortífera que el COVID-19, pero menos espectacular y menos mediática, por los cayos que se pisan cada vez que se toca el asunto, como es el caso del gobierno que ha hecho oídos sordos a la problemática y de la industria de la comida chatarra (productos ultraprocesados) que también tiene responsabilidad en el asunto. 

Según la Organización Panamericana de la Salud –OPS es creciente la evidencia científica que demuestra que la comida chatarra (productos ultraprocesados) y los ambientes que favorecen su amplia difusión y comercialización, son los grandes responsables del incremento de la obesidad en la región y en nuestro país. De hecho, en una reciente publicación la OPS reveló que cada colombiano consume en promedio 92 kilos al año de productos ultraprocesados, más o menos 224 Calorías diarias; algo así como, un cuarto de la energía que requiere una niña o niño en edad preescolar.

Dicho esto, surge la pregunta inevitable ¿qué está haciendo el país para mejorar esta situación? En un artículo titulado “Nunca había visto tantos lobistas”, publicado este mes en la revista Public Health Nutrition por la doctora Melissa Mialon de la Universidad de Sao Pablo en compañía de los profesores Eliana Pérez, Gustavo Cediel y Diego Gaitán de la Universidad de Antioquia, se revela como las prácticas políticas de la industria de los productos ultraprocesados han logrado detener las iniciativas que se han tratado de implementar en el país para controlar la pandemia de la obesidad.

El artículo es contundente en afirmar como la industria en Colombia ha usado un amplio rango de estrategias políticas que podrían haber influenciado negativamente la futura implementación de la política de etiquetado frontal.

La doctora Mialon y sus colegas encontraron en su investigación que entre dichas estrategias se encuentran; desviar la atención del problema de la obesidad con alianzas público privadas para tratar otros problemas como la desnutrición infantil; producir y difundir conocimientos moldeados a sus intereses; criticar la evidencia internacional libre de conflictos de interés y las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud –OMS; desestimar los avances logrados en otros países como Chile, Uruguay, México y Perú; y por último, participar directamente en política por medio de su ejército de lobistas y las donaciones a partidos políticos, que generan evidentes conflictos de interés que se ven reflejados en el Congreso de la República con las consecutivas votaciones negativas a proyectos de ley que han buscado implementar las recomendaciones de la OMS para frenar la obesidad.

Para frenar el avance de la obesidad, se ha intentado promover el etiquetado frontal de advertencia, la restricción de la publicidad de productos ultraprocesados dirigidos a menores de edad, los impuestos a las bebidas endulzadas, los ambientes escolares saludables y la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, con resultados desalentadores en el Congreso de la República.

No se puede negar que se han logrado algunos avances, pues el Ministerio de Salud anunció públicamente que va reglamentar un nuevo sistema de etiquetado en Colombia que incluye advertencias sanitarias y una nueva tabla nutricional, pero a esta propuesta le falta un camino largo por recorrer, en donde la sociedad civil está llamada a estar vigilante para evitar que la acción política de la industria termine desviando las buenas intenciones del Ministerio de Salud.

Ver nota sobre la investigación publicada en el periódico El Tiempo Estudio: así se ha visto afectado el etiquetado frontal en Colombia

Eliana Pérez, Universidad de Antioquia en foro sobre interferencia de la industria en la salud pública. Vídeo Educar Consumidores.