El estudio Diferentes industrias, un mismo manual, de Dejusticia, documenta cómo las industrias del tabaco, el alcohol y los ultraprocesados han interferido en políticas cruciales de prevención de enfermedades crónicas en Colombia — enfermedades que ahora son responsables del 62 % de las muertes— utilizando estrategias legales que, sin embargo, erosionan el debate democrático.
La investigación, liderada por Diana Guarnizo Peralta, Paula Angarita Tovar y Adriana Torres Bastidas, parte del interés de explorar los determinantes comerciales de la salud desde una perspectiva de derechos humanos. Su objetivo: documentar cómo industrias con productos nocivos (tabaco, alcohol, productos comestibles ultraprocesados) influyen negativamente en el diseño de políticas de salud pública.
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¿Podría estar relacionada el aumento de las enfermedades crónicas con la interferencia de la industria en las políticas públicas en Colombia?
El trasfondo es alarmante: las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) representan el 62 % de las muertes en Colombia, y un costo al sistema de salud aproximado de 6 billones de pesos en 2021, con una proyección al alza si no se actúa con urgencia.
El libro revela un “manual” de tácticas —como mercadeo agresivo, cabildeo y autorregulación— que, aunque legales, coartan la democracia al interferir en políticas sanitarias, retrasando medidas que podrían reducir el consumo de productos dañinos.
Desde la perspectiva de derechos humanos, las autoras alertan que la influencia de estas industrias no solo contraviene la salud pública, sino que también agrava desigualdades: los productos ultraprocesados y el abuso del alcohol afectan más gravemente a poblaciones vulnerables, como mujeres, comunidades afrocolombianas e indígenas y niños.
Para el director de Educar Consumidores, Ruben Orjuela, aún existen productos que las personas no vinculan como productos ultraprocesados, a pesar de que son de los que más químicos contiene y pone en mayor riesgo a niñas y niños desde el inicio de la vida. “La industria de las fórmulas infantiles comerciales o lo que algunas personas llaman “leches de tarro”, han logrado hacer una exitosa campaña a favor de sus intereses privados y en contra de las políticas de salud pública”.
Ruben Orjuela argumenta que estos productos han logrado, a pesar de su potencial nocividad, ser excluidos de las regulaciones de etiquetado frontal de advertencia e incluso han logrado que se mantengan los únicos decretos que los regulan, la resolución 11488 de 1984 y el decreto 1397 de 1992. Normatividad que como se puede apreciar cuenta con más de 40 y 30 años de antigüedad, respectivamente. “Este podría ser un capítulo más para complementar esta valiosa investigación que ha publicado Dejusticia y que hace más evidente los intereses económicos que rondan alrededor de la salud en Colombia” afirma Orjuela.
Aunque se han implementado algunas regulaciones, aún faltan medidas robustas. El estudio propone aumentar la transparencia y reconocer conflictos de interés como pasos esenciales, no para eliminar estas industrias, pero sí para equilibrar su presencia con el bienestar colectivo.
