¿Por qué en Colombia es tan difícil implementar medidas de salud pública para prevenir la obesidad y sus enfermedades relacionadas?

Etiquetado Claro

En Colombia el exceso de peso es un problema de talla mayor. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN 2015, el exceso de peso en los adultos pasó de 45,9% en el 2005 al 56,4% en el 2015, y en escolares pasó de 18.8% en 2010 a 24.4% en 2015.

Esta tendencia ascendente coincide con el aumento del consumo de productos ultraprocesados (comida chatarra y bebidas azucaradas), que se han relacionado con esta problemática. Ilustra esta situación el aumento del consumo de bebidas azucaradas, donde según fuentes oficiales 7 de cada 10 escolares las consumen una o más veces en el día y 8 de cada 10 adolescentes lo hacen habitualmente (ICBF 2017) (DANE, 2017) (MINSALUD 2018).

El panorama anterior es preocupante debido a que la evidencia científica demuestra que el consumo de azúcares añadidos afecta de manera directa la salud humana, solamente en 2015 murieron 180.000 personas por causas relacionadas a su consumo.

La Organización Mundial de la Salud –OMS ha recomendado disminuir drásticamente el consumo de azúcares añadidos y ha ratificado la necesidad de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas con medidas fiscales y un etiquetado frontal de fácil comprensión para los consumidores.

Enfermedades como la obesidad y la diabetes tipo 2 están asociadas a la ingesta de azúcares añadidos, pero por muchos años la industria de bebidas azucaradas manipuló distintos estudios para desviar la atención y culpar a las grasas saturadas como las causantes de esas enfermedades.

En 2016 esta interferencia, de más de 50 años, fue revelada en la revista especializada Journal of the American Medical Association – JAMA de Estados Unidos y como consecuencia en distintas partes del mundo se empezaron a tomar acciones.

En el caso latinoamericano dicha revelación fortaleció las decisiones de algunos países como México y Chile quienes pusieron impuesto a las bebidas azucaradas (impuesto saludable) y establecieron un etiquetado frontal de advertencia, respectivamente. Mexicanos y chilenos son dos referentes para la región porque le exigieron a sus Gobiernos medidas preventivas para hacerle frente al aumento del exceso de peso, que para nadie es un secreto, es un grave problema de salud pública.

¿En qué consisten estas medidas? La primera, el “impuesto saludable”, es un impuesto que por encima de su función recaudadora, tiene el propósito de poner precios que desestimulen en el consumidor, el deseo de comprar productos que afecten la salud. En México este impuesto redujo el consumo de bebidas azucaradas en un 12% solo en el primer año, siendo los ciudadanos con menos ingresos los más favorecidos en términos de prevención de enfermedades.

La segunda medida, el etiquetado frontal de advertencia, busca que el consumidor tenga acceso a información clara, veraz y comprensible del producto a consumir. En Chile la adopción de esta medida logró la disminución del contenido de azúcares en las bebidas, cereales y lácteos de mayor consumo en el desayuno. El etiquetado frontal que incluye un sello de advertencia sobre el alto contenido de ingredientes como azúcar, sal y grasas saturadas, proporcionó información más clara que influyó en la toma de decisiones de los compradores; hoy el 80% de los chilenos mira estos sellos de advertencia y declara entender con facilidad cuando un producto es recomendable para tener una alimentación adecuada y cuando no.

(Ver: ¿Miente el Etiquetado de las bebidas azucaradas en Colombia?)

Se requiere de un etiquetado claro, de fácil comprensión que informe no sólo el contenido real del producto sino también si alguno de sus componentes, de reconocida nocividad, está presente en altas cantidades, de modo que su consumo afecte la salud.

En Colombia estos avances en política pública han sido difíciles de promover dentro del poder legislativo. Desde 2016 varias organizaciones de sociedad civil han impulsado la aprobación de las medidas recomendadas por la OMS/OPS para prevenir entornos que causen obesidad y demás Enfermedades No Transmisibles (ENT) tales como: el etiquetado frontal de advertencia; restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados dirigidos a niños, niñas y adolescentes; generar entornos escolares saludables y crear un impuesto al consumo de bebidas azucaradas.

Hasta el momento ya son tres los intentos legislativos que han tenido la finalidad de implementar estas 4 estrategias de política pública en Colombia, entre ellos el proyecto de ley 019 de 2017 que durante 12 ocasiones estuvo en el orden del día de la plenaria de la Cámara de Representantes, para tener su segundo debate, y en medio de dilaciones, levantamiento del quorum y proposiciones modificatorias llegaron a incluir textualmente en el proyecto la siguiente falsa definición de alimento: “Productos alimenticios: independiente de su nivel de procesamiento, es toda sustancia, elaborada, semielaborada o bruta, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias utilizadas solamente como medicamentos”.

De esta manera hicieron que el proyecto perdiera todo su sentido y se convirtiera en una amenaza para la alimentación adecuada. Pero no todo está perdido, actualmente está en curso en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 214 de 2018 que es un nuevo intento, con autoría de 35 parlamentarios, para atacar la pandemia de la obesidad desde la prevención.

Se espera que más voces lo respalden y que sea Colombia uno de los países que se sume a la implementación de medidas costo-efectivas en favor de su población.

Los consumidores merecen saber qué consumen, sin engaños; es su salud la que está en juego.

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