¿Por qué Colombia necesita un impuesto al consumo de bebidas endulzadas?

En el mundo la pandemia del sobrepeso y obesidad va en aumento y Colombia no es ajeno a esta problemática. En la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2015) el exceso de peso en adultos fue del 56,4% y en niños y niñas en edad escolar del 24,4%.

La Organización Mundial de la Salud – OMS y amplia evidencia científica vinculan directamente el incremento a nivel mundial del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles con el consumo de productos comestibles ultraprocesados, en especial,  las bebidas endulzadas que son productos que se caracterizan por su bajo aporte nutricional.

En Colombia, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el 74% de niñas y niños en edad escolar consumen 1 o más veces al día bebidas azucaradas y, según el DANE, el 84,9% de los jóvenes entre 14 y 18 años consumen bebidas azucaradas habitualmente.

Esta situación va en aumento según las ENSIN de los años 2005, 2010 y 2015, alcanzando niveles críticos para la salud pública y su finanzas. Si desde el Congreso de la República y el Ejecutivo no se toman medidas estructurales, la situación podría empeorar. 

La OMS recomienda, como la medida más costo-efectiva para afrontar la pandemia de obesidad, que se implementen impuestos al consumo a las bebidas endulzadas de al menos 20%, para desestimular su acceso y su consumo especialmente entre la población  más vulnerable, previniendo enfermedades causadas por la mala alimentación. 

De no adoptarse estas medidas urgentes, el gasto de atención en diabetes atribuible al consumo de estas bebidas sería cercano a 1,1 billones de pesos para el año 2020 según MinSalud. 

Se trata de una medida PROGRESIVA, porque el impuesto contribuiría al mejoramiento de la salud pública, sobre todo en los estratos más bajos disminuyendo el exceso de peso (en alrededor de 3,9%) y la obesidad (en alrededor de 2,1%). También se generarían ingresos públicos que se pueden invertir en programas de prevención de enfermedades, promoción de la salud y acceso a agua potable para las poblaciones más vulnerables; además, se ahorraría en costos de atención en salud a enfermedades causadas por una mala alimentación.

Actualmente, alrededor de 41 países, 7 ciudades y 1 comunidad estatal han aplicado impuestos saludables a bebidas azucaradas/endulzadas, y de ellos el 40% son miembros de la OCDE. En esa misma vía, Colombia avanzaría tanto en materia de salud como de financiamiento del sistema.

Nuevamente, el Congreso de la República tiene la oportunidad de aprobar el impuesto saludable a las bebidas endulzadas en la actual discusión del proyecto de ley de “crecimiento económico” (reforma tributaria). Escenario en el que sabremos si la salud pública es legislada por un Congreso comprometido con la salud pública o que por el contrario defiende a la Industria, de espaldas a la salud y bienestar del pueblo colombiano.

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